MÍGUEZ, Eduardo. Crítica (y reivindicación) de la universidad pública. Buenos Aires: Siglo XXI, 2018. 177 p. Resenha de: FERRERO, Maximiliano. Clío & Asociados. La historia enseñada. La Plata, n.29,  p. 172-174, Julio-Diciembre 2019.

A 100 años de la Reforma Universitaria, un ensayo como el publicado por el historiador Eduardo Míguez, adquiere especial relevancia para repensar los problemas del sistema universitario argentino, no sólo por el proceso de revisión crítica que demanda toda conmemoración centenaria, sino también porque el autor escribe desde un punto de vista capaz de amalgamar su trabajo como docente e investigador a su amplia experiencia en cargos de gestión y evaluación universitaria. El objetivo del texto podría resumirse en analizar los problemas estructurales que atañen a la educación superior universitaria y esbozar además algunas propuestas que aporten a la superación de los mismos. Lo cual exige elevar la mirada, más allá de la situación de cada universidad particular.

La pregunta fundamental que motiva los siete capítulos del texto es si la universidad pública argentina se encuentra en crisis. La respuesta, antes de decantarse por un sí o por un no, se tiñe con una paradoja: por un lado, si consideramos que desde 1984 la universidad pública ha experimentado un crecimiento en calidad y cantidad (aumento del presupuesto, del número de instituciones de enseñanza universitaria, de la diversidad de la oferta académica de grado y posgrado y del número de estudiantes), deberíamos orientarnos a responder que no. Por otra parte, el conjunto del sistema se ha ido rezagando en comparación a los principales países del globo, y ha dejado de ocupar el lugar de preeminencia que ostentaba en el contexto de América Latina. Por esta razón, Míguez sostiene sobre la universidad argentina que “aunque no puede decirse que esté en crisis, es una universidad para el subdesarrollo” (p. 10), donde “subdesarrollo” sugiere más una mala utilización de recursos humanos y financieros, antes que la carencia de los mismos. Este es, tal como lo declara el autor, el tema central del libro. El desafío es entonces, generar un debate que permita apartar la universidad argentina del círculo del subdesarrollo, o bien, pensar cómo devolver a la universidad pública el papel fundamental que debe tener como motor del desarrollo social y material de la Argentina.

El primer capítulo se titula “Marco Institucional. Gobierno, gestión e infraestructura de la universidad pública. Los límites de la reforma” y reflexiona sobre los mecanismos de conducción de la universidad y de su vida política interna. Para comenzar, Míguez identifica la reforma de 1918 como el momento fundacional de la universidad moderna argentina; acontecimiento que ha devenido ya en mito. “Mito” porque ella guarda “la base simbólica de nuestra estructura universitaria” (p. 29). Así, el autor deja en claro que, si bien la estructura universitaria actual no se corresponde con la que emergió de la reforma, sí guarda algunos rasgos cristalizados alrededor del gobierno tripartito, esto es, la participación de los diferentes estamentos universitarios en los órganos de gobierno. Cabe señalar que, hasta 1983, fueron escasas las etapas en que la vida institucional de las universidades se rigió por los principios de la reforma y que las instituciones derivadas de la misma fueron modificándose y adaptándose a diferentes procesos históricos, por lo cual es difícil hallar un contenido preciso en las mismas. Por otra parte, la reforma, en tanto movimiento, respondió a condiciones específicas de la universidad argentina, de ahí que su significado haya sido diferente en Córdoba, Buenos Aires, La Plata o Santa Fe.

Dos son, a nuestro entender, los aportes centrales de este primer capítulo: en primer lugar, la revisión del concepto de autonomía. Al respecto, el autor manifiesta su acuerdo con el principio según el cual las universidades necesitan un mayor grado de autonomía con relación al resto de las dependencias públicas, ya que depender de otros organismos del Estado restringiría la libertad necesaria para garantizar la pluralidad y el dinamismo que demanda una institución universitaria. No obstante, la autonomía se enmarca en las leyes y el presupuesto nacional, lo que lleva al autor a plantear el problema del equilibrio entre la libertad de las universidades y su responsabilidad ante los poderes de la sociedad civil, o como sostiene Míguez, “[E]l punto a considerar, entonces, es más bien el de los límites de la autonomía” (p. 30). Esto implica, siguiendo el razonamiento del autor, poner atención en dos aspectos: por un lado, la agenda de temas que deberían incluirse en una política general para el sector universitario y por otro, los mecanismos para la puesta en práctica de decisiones que afecten a todo el sistema universitario. Esta última cuestión adquiere particular relevancia ya que prácticamente no existen políticas centrales diseñadas para el conjunto de las universidades. De esta forma, Míguez propone como ejemplo la posibilidad de que un organismo – que deberían componer las universidades – fijara criterios generales y límites a las ofertas de carreras, a fin de evitar que instituciones cercanas repitan ofertas de carreras con limitada demanda. Finalmente, concluye respecto del concepto de autonomía que “limitar la autonomía de las universidades en temas como la oferta académica no implica avasallar su libertad, sino racionalizar y optimizar el uso de recursos públicos” (p. 31). Otro aporte central de este capítulo es el neologismo de “confedero-feudalismo” para describir la estructura política de las universidades, constituidas como federaciones de facultades en donde siempre reaparecen tensiones concernientes a las acciones centralizadas de la universidad y las que llevan a cabo las facultades.

En el siguiente capítulo, el autor esboza algunas consideraciones sobre políticas y criterios de funcionamiento de las universidades dando primordial importancia a la cuestión de la gratuidad, que identifica como “un tradición de raíces sólidas” (p. 56). Al respecto, el autor identifica que existe un amplio consenso en la sociedad argentina, y explica que por ello, toda educación universitaria pública de calidad no podrá ser garantizada sobre la base del arancelamiento. A partir de aquí, Míguez analiza otras cuestiones sobre las que no existe un consenso tan generalizado. Tal es el caso de los mecanismos de ingreso a la universidad, tema que no deja de despertar alguna polémica. El sistema universitario impone a sus ingresantes ciertas restricciones desde la exigencia de capacidades y recursos (intelectuales y materiales), por lo que el principio del ingreso irrestricto tiende a convertirse en una consigna poco realista; en la práctica, muchas veces, “encubre un sistema de selección costoso y cruel” (p. 68), luego traducido como desgranamiento. Atender a este fenómeno desde un punto de vista equitativo implicaría pues, “dar la mayor oportunidad posible para aquellos que no muestran aún las capacidades necesarias, las adquieran” (p. 67), esto es, generar instancias de aprendizaje para quienes no poseen los conocimientos y habilidades que requiere el ingreso a la universidad. Repensar y mejorar la articulación con la escuela media debería permitir que las capacidades educativas de la universidad repercutan de manera más profunda en sus contextos sociales y en la educación en general, por ejemplo, contribuyendo a la mejora de la formación de los docentes de la escuela secundaria, frecuentemente formados en institutos superiores dependientes de las provincias y disociados de las universidades.

Si bien los capítulos restantes del texto están dedicados a analizar temas diversos como el rol de las universidades privadas en el sistema universitario argentino, así como también cuestiones de programación académica (el alargamiento de las carreras), nos interesa aquí, referirnos brevemente a las palabras del autor sobre dos actividades sustantivas: la docencia y la investigación. En cuanto a la primera, Míguez sostiene que el promedio de pos graduación de los docentes universitarios sigue siendo bajo y que en los últimos quince años, no ha variado el hecho de que en la mayoría de las universidades de gestión pública, predominan ampliamente las dedicaciones simples. De hecho, el sistema universitario posee un 12,2% de su planta docente con dedicaciones exclusivas, mientras que el parámetro internacional opera con docentes full time. Estos dos rasgos se vinculan indefectiblemente con otro, característico de nuestro sistema: la estructura de cátedra. En general, los cargos con altas dedicaciones se encuentran concentrados en las jerarquías docentes más amplias, dejando poco espacio para que los auxiliares en formación puedan dedicar más tiempo a las actividades académicas. A continuación, Míguez analizará otros problemas como por ejemplo, la relación entre la docencia y el régimen de CONICET que permite que los investigadores puedan eludir la función docente. Finalmente hará algunas referencias al nivel de los salarios docentes y las cuestiones derivadas de las incompatibilidades, que establecen techos rígidos para quienes se dedican exclusivamente a la docencia.

La marca de la investigación como actividad sustantiva es “el divorcio entre la creación y la enseñanza” (p. 123). En este parágrafo, Míguez atiende especialmente a la relación entre investigación y docencia y a los impactos que, sobre dicha relación, han tenido las políticas de los últimos quince años. Al respecto, concluye que la Argentina ha ido desarrollando un sistema particular en el que la universidad va dejando de lado la investigación, al tiempo que ésta va centralizándose en una única institución, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Dos razones fundamentales coadyuvan a este fenómeno: la implementación de políticas que tienden a alejar a los investigadores de la docencia y el persistente déficit de docentes de tiempo completo. En esta área, la universidad posee como desafío asumir la “investigación como condición necesaria para mejorar la calidad del conjunto de la labora universitaria” (p. 131).

Maximiliano Ferrero – Universidad Nacional del Litoral.

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