Elementos de una transición integral e incluyente en Venezuela: una visión desde lo local | Instituto para las Transiciones Integrales

Al tratar de comprender la aguda crisis sistémica en Venezuela, los investigadores se encuentran con el problema de la información insuficiente y con la ausencia del enfoque objetivo sobre los procesos sociales en este contradictorio país. En este sentido, el libro que es el fruto del esfuerzo del Grupo de Experto para Venezuela del Instituto de Transiciones Integrales (IFIT, por sus siglas en inglés) constituye una valiosa fuente de conocimiento y es un acontecimiento científico de gran envergadura, ya que los autores han proporcionado claves para transitar hacia la paz, la convivencia y la reconstrucción nacional. Al mismo tiempo, el problema de la “transición democrática” parece la idea más controvertida del trabajo. Caracterizando el régimen de Nicolás Maduro como autocrático, los investigadores inevitablemente ceden terreno para sus críticos que puedan acusarlos de falta de imparcialidad e incluso de predisposición. No es casual que los expertos a todo costo se esfuerzan por mantener a medida de lo posible la rigurosidad académica de la narrativa y de las conclusiones.

Los autores llegan a una conclusión acertada que con superar las contradicciones políticas se da solo el primer paso hacia la normalización de la vida en el país. Como la República Bolivariana necesita urgentemente recursos financieros, grandes esperanzas están relacionadas con la ayuda internacional. Por lo tanto, este libro puede considerarse, entre otras cosas, como una guía para inversionistas, ya que les da la posibilidad de comprender mejor el contexto nacional y regional y la posición de los principales actores políticos venezolanos. Para centralizar los esfuerzos de los donantes, se propone crear una agencia nacional coordinadora parecida a la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, APC. Para evitar distorsión y malversación de los fondos, el marco legal en materia de gestión de la ayuda internacional debe ser inclusivo, puede realizarse mediante mecanismos parlamentarios y plataformas de la sociedad civil. Finalmente, por la complejidad y la envergadura de la recuperación del país, el equipo considera que es importante tener presente pleno espectro de actores internacionales, incluidos los Gobiernos de EE. UU., China y Rusia. (Sin embargo, en el contexto de la confrontación existente sus posiciones son tan disímiles que tal escenario parece muy poco probable). La estabilidad del régimen chavista y el futuro de la revolución bolivariana en gran medida dependen de la posición de la Fuerza Armada Nacional (Bolivariana) – FAN(B). No es casual que el primer y uno de los más argumentados capítulos está dedicado a esta institución, sin la cual cualquier transición sería imposible. La conocida investigadora Rocío San Miguel, abogada y activista de derechos humanos y presidenta de la ONG Control Ciudadano señala que la Constitución de 1999 define la FAN como una institución esencialmente profesional: sus integrantes en situación de actividad no pueden optar a cargo de elección popular ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo político. Sin embargo, durante dos últimas décadas los militares activos son miembros del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), ejercen diferentes cargos, crean entidades paralelas para mantener el orden interno, etc. El capítulo contiene una información detallada sobre la composición, la estructura y las competencias de la FANB y de la Milicia Nacional Bolivariana (MNB), igual que sobre el perfil de los mandos militares y políticos más influyentes, el análisis exhaustivo de la autora permite definir dentro del estamento militar venezolano como mínimo siete grandes grupos. La parte más discutible se refiere a la hipotética participación de la FANB en la transición incluyente y democrática y a las garantías e incentivos que se la pueden ofrecer [pp. 128-129]. El decálogo de medidas propuestas para reinstitucionalizar la FAN incluye la profesionalización, la operatividad y el bienestar social de los militares, el restablecimiento de su monopolio de la defensa de la Nación y del control de las armas del Estado, su subordinación a los principios constitucionales y su despolitización. Se propone también desmovilizar y desarmar los grupos al margen de la ley y la Milicia Nacional Bolivariana (MNB). La FAN debe incorporarse al proceso de la transición hacia la democracia plena y el respeto al Estado de derecho, sin amenazas de desaparecer. El problema más contradictorio se refiere a la justicia por haber violado los derechos humanos que debe comprender la despolarización como centro de la ejecutoría y la transformación de las relaciones de poder. En el caso de lograrlo, se supone que la participación de la FAN en el desarrollo esté enfocada exclusivamente en los espacios fronterizos del país y en la integridad territorial. Un imperativo constitucional lo constituye la definición y aprobación del concepto estratégico da la Nación. Al mismo tiempo, la seguridad y la defensa nacional precisan de un desarrollo legislativo que establezca claramente el rol de las instituciones involucradas, sus competencias y las fuentes de los recursos para su funcionamiento. Para lograr estos objetivos, se considera crucial la cooperación internacional. Jesús María Casal Hernández, investigador visitante en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional (Heidelberg, Alemania), profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Comisión Andina de Juristas, se concentra en analizar varios aspectos del Estado de derecho. La Constitución vigente, a pesar de algunos desequilibrios entre los poderes públicos y el riesgo de sobredimensionamiento de facultades estatales incluye a la vez factores de contención y control. Sin embargo, señala el autor, el abuso de poder desde 1999 ha impedido el desarrollo de las normas constitucionales y ha hecho inocuos los diversos mecanismos para evitar el quebrantamiento de la democracia y de los derechos humanos [p. 139]. En este mismo capítulo se presentan el diagnóstico y la situación general de las instituciones y de los derechos humanos, se revisan algunos objetivos de la estructura constitucional y sus tensiones y, por fin, se mencionan algunas prácticas contrarias a la Constitución. La atención del lector extranjero la atrae la estructura del poder público venezolano que junto con tres tradicionales ramas (ejecutiva, legislativa y judicial) incluye el poder ciudadano y electoral. El constitucionalista confirma que en el país se ha formado el sistema hiper-presidencialista. A pesar del intento de moderar el presidencialismo, la Carta Fundamental refuerza el poder del Jefe de Estado [pp.144-145]. El vicepresidente ejecutivo se nombra por el presidente, ya no es electo por voto popular ni cuenta con la confianza parlamentaria. Al mismo tiempo, se redujo la capacidad de estados en la toma de decisiones al suprimir el Senado, lo que favoreció aún más el centralismo. Se suprimió también el control parlamentario sobre los ascensos militares a los más altos rangos. Desde el año 2000 han sido excesivos los cambios en la organización ministerial sin que la Asamblea Nacional haya podido ejercer su control. (En la actualidad el ejecutivo ya cuenta con 34 ministerios) [pp.146,148]. La reelección presidencial ha generado relaciones asimétricas y ha dificultado el control sobre la tarea presidencial [p. 147]. En las condiciones del estado de excepción no se han podido imponer las mociones de censura de la Asamblea Nacional contra los ministros y el ejecutivo. De conformidad con la Constitución, el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación se aprueba mediante acuerdo parlamentario. No obstante, el plan de 2013 – 2019 fue adoptado mediante ley y el Plan de la Patria 2019 – 2025, por la Asamblea Nacional Constituyente, ya no se trata de un plan orientativo sino preceptivo, lo que ha fomentado una planificación centralizada [p.151]. Las potestades presidenciales han sido favorecidas por la limitación temática para las leyes habilitantes. Una vez elegida en 2015 la Asamblea Nacional opositora, Nicolás Maduro dictaba decretos del estado de excepción de manera sucesiva, materializó la reelección continuada y la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente, según la oposición, a espaldas del electorado y con principios antidemocráticos [p. 155]. El protagonismo ciudadano fue bloqueado y la democracia supuestamente participativa se trasmutó en una delegativa o plebiscitaria, desacreditando la voluntad política de la disidencia [p. 157].Declarada la Asamblea Nacional en desacato, tampoco se cumple la inmunidad parlamentaria: varios diputados opositores han sido apartados de sus cargos, algunos de ellos están en el exilio, se han restringido las potestades de investigación y el control sobre el gobierno y la administración pública [pp. 166-167].

  1. M. Casal Hernández confirma que el poder judicial en Venezuela no es independiente. Se considera inconstitucional el nombramiento de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en 2015 después de haberse realizado las elecciones parlamentarias ganadas por la oposición. Otro problema es el fenómeno de politizar la justicia constitucional y de judicializar la política, reflejado en la intervención de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en asuntos políticos [p. 171]. En caso de la rama ciudadana que incluye la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Controlaría General se reconoce su autonomía funcional, financiera y administrativa, pero en práctica estos cargos han sido ejercidos por personas dependientes del partido de gobierno y siempre han respondido a sus intereses [pp. 176 – 182].Lo mismo pasa con el Consejo Nacional Electoral (CNE) que completamente manifestó su compromiso partidista y acudió a innumerables irregularidades. [p. 185]. (Ya después de publicarse el libro, el TSJ en julio de 2020 designó un nuevo CNE de cara a las elecciones parlamentarias programadas para diciembre, a pesar de que esta decisión le corresponde a la Asamblea Nacional, declarada en omisión, lo que destrozó las frágiles esperanzas de superar la confrontación entre los poderes legislativo y ejecutivo y la imparcialidad de las instituciones electorales. El problema más discutido entre los chavistas y la oposición se refiere a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). J.M. Casal Hernández señala que el presidente la convocó de forma directa, sin que el pueblo se pronunciara sobre esta convocatoria [p. 198]. La ANC fue diseñada para que no fuera representativa y actuara sin límites materiales y temporales, no es proporcional, faculta la presencia privilegiada de sectores progobierno, manifiesta la intención de imponer su proyecto político [pp.199-200]. Es indiscutible que en la práctica no se dedica a la reforma constitucional sino ha usurpado funciones de otros órganos de Estado.

Gran atención se presta al problema de los derechos humanos. El autor subraya que las violaciones han sido sistémicas, se mencionan las restricciones al derecho a la reunión y manifestación, a las libertades de expresión e información, así como graves transgresiones al derecho a la vida y a la libertad personal, inhabilitaciones constantes contra activistas de la oposición, persecución instrumentada a través de bases de datos [p. 209]. Existen problemas con la vulneración de la libertad económica y el derecho a la propiedad, no han sido resueltas las fallas del sistema educativo, se reduce la autonomía universitaria, los centros de salud se encuentran en precarias condiciones, etc. [pp. 211- 221]. A pesar de la crítica (a veces bastante aguda) de la Constitución de 1999, no se excluye la posibilidad de acudir a ésta última para buscar una salida negociada de la crisis, ya que la Ley Fundamental es aceptada tanto por el oficialismo, como por la oposición. Como ámbitos aprovechables se mencionan el vicepresidente ejecutivo, el Consejo de Estado y el Consejo Federal de Gobierno. Otro espacio podría ser la Asamblea Nacional [p. 239]. Las propuestas concretas para salir de la crisis actual (que desde nuestro punto de vista parecen el programa máximo) incluyen el cese del estado de excepción, limitación de la reelección y moderación del presidencialismo, restablecimiento del sistema de pesos y contrapesos entre las ramas del poder, levantamiento de la declaratoria de desacato de la Asamblea Nacional, representación territorial y poblacional proporcionales, revisión legislativa, restablecimiento de la autonomía e independencia judicial, de la rama ciudadana y del CNE, despolitización de la FAN, restablecimiento de la representación de los estados, disolución de la Asamblea Nacional Constituyente, cumplimiento de los derechos humanos y la respuesta a la emergencia humanitaria compleja [pp. 258-293]. El capítulo, escrito por Guillermo Aveledo Coll, decano de la Escuela de Estudios Liberales de la Universidad Metropolitana y profesor de la Universidad Central de Venezuela, está dedicado al diagnóstico del sistema partidista y a la elaboración de recomendaciones sobre los retos y las necesidades de los partidos en una eventual transición hacia la democracia. El autor parte de la idea que la concepción oficialista se basa en la irreversibilidad del proceso revolucionario y su búsqueda de la hegemonía política. Este enfoque es antagónico con la comprensión progresista, liberal y republicana de lo electoral como el mecanismo pacífico por excelencia para el acceso, la ratificación y la salida del poder, del pluralismo como marco referencial para la coexistencia y competencia de los actores políticos y de la participación autónoma y no partidizada en la gestión pública [p. 338]. G. Aveledo Coll tiene absoluta razón al asegurar que desde el principio el chavismo tomó el rumbo hacia la instauración no formal de un partido hegemónico y la neutralización de la oposición partidista, la minimización de espacios autónomos de representación y organización sociales fuera de la concepción revolucionaria del poder, criticó la democracia representativa y se proclamaba por el desmontaje del protagonismo de los partidos [pp. 339- 340]. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la oposición no se dio por vencer y como resultado se formó el sistema cuasi bipartidista políticamente polarizado. El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como se señala en el capítulo, se formó como resultado de fusión de diversos grupos de izquierda, se ubica en las organizaciones estatales y paraestatales. Podemos coincidir con la conclusión sobre la confusión entre Estado, gobierno y partido [p.342]. La opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) incluía tanto los partidos sobrevivientes, como los emergentes, su mayor triunfo fue la victoria en las elecciones legislativas de 2015. Este resultado (desde nuestro punto de vista, inesperado para el gobierno) provocó el despliegue autoritario. Se trata de vetar el registro de organizaciones disidentes independientemente de su ideología, suspender e invalidar la MUD como alianza electoral, lo que infectó a varios partidos, de represiones de todo tipo contra altos dirigentes opositores, cooptación y corrupción de los cuadros medios para que pasen al sector oficial, imposición de autoridades paralelas, anulación de resultados electorales, disolución de cuadros de base, etc. [pp.346-347]. (Últimamente se añadió el intento de fragmentar los partidos de la oposición y de imponer directivas progubernamentales). Como resultado, subraya justamente el autor, tuvo lugar el debilitamiento general de las organizaciones políticas. Los partidos de oposición quedaron fraccionados, disolviendo la formación de una plataforma opositora unitaria. Al mismo tiempo, aumentó la vulnerabilidad de los partidos cercanos al gobierno y su dependencia a las alianzas frente al PSUV. El partido gobernante va ocupando los espacios ganados por la oposición, revirtiendo la posibilidad del crecimiento de una alternativa democrática [p. 350]. De tal modo, nos parece muy importante la conclusión general sobre dos descontentos en la sociedad: el colapso del apoyo al chavismo por su ineficacia gubernamental y del apoyo a la oposición por su situación de impotencia [p. 350]. Sin embargo, a pesar del cuadro muy pesimista, por ahora la situación es bastante ambigua. Entre los factores positivos figuran la cultura electoral y de participación política canalizada por medio de los partidos; pese a los aspectos extraordinarios de la crisis no había prolongado conflicto violento; Venezuela parece acomodarse aún al autoritarismo competitivo, lo cual da teóricamente oportunidades para promover los cambios; es uno de los países con mayor respaldo hacia la democracia y sus implicaciones institucionales. Entre los factores negativos se citan una importante crisis de confianza y autoridad políticas que limita las opciones y rigidiza a los más importantes actores; toda opción aperturista desde el status quo se encuentra acallada, neutralizada o re-radicalizada; diversos sectores sociales tienen concepciones en conflicto sobre la democracia; los partidos de la oposición no han logrado resolver su ambivalencia entre acciones coalicionales, de participación semi-legal o antisistema; no queda claro, cuál es el grado de institucionalización partidista efectivamente existente [p. 353]. Es de gran interés el apartado dedicado a la política de la calle y la sociedad civil, escrito por la distinguida experta en la historia moderna de Venezuela, miembro del Consejo Técnico del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, Margarita López Maya. Sin ocultar una actitud crítica hacia el régimen existente (caracterizado como tiranía), la autora analiza el potencial de protesta, la génesis y evolución de las organizaciones no gubernamentales y profesionales. El lector interesado puede encontrar una descripción detallada del desarrollo de las organizaciones sociales venezolanas durante el siglo XX y principios del XXI, incluidas las asociaciones estudiantiles, religiosas, gremiales y ONG. Por vincularse tradicionalmente con las estructuras partidistas, se volvieron partícipes de la lucha política, olvidándose de defender los intereses de sus propios miembros. La preminencia de intereses partidistas sobre gremiales explica el paralelismo sindical, cuando en una misma empresa coexistían sindicatos de diferente filiación ideológica [p. 384]. Como resultado, debido a este mosaico la sociedad civil era muy débil y las protestas muy reducidas y de baja intensidad. La autora marca con un trazo rojo una conclusión decepcionante sobre la fragilidad del tejido social en el país. Se debe al desarrollo histórico del Estado, el mayor productor de petróleo en el hemisferio occidental, capaz de satisfacer las necesidades de los trabajadores e imponerles relaciones paternalistas. Además, durante la Guerra Fría, la izquierda fue expulsada de la política pública. Se estableció un control estricto sobre las organizaciones sindicales y no gubernamentales no solo por parte de las autoridades, sino también por los partidos Acción Democrática (AD) y el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI). Solo a finales de los 1980 y principios de los 1990, cuando estalló una aguda crisis socioeconómica en Venezuela y comenzó la erosión de las instituciones tradicionales, se nota el aumento de la actividad cívica, aparecen nuevos actores, tales como jubilados, buhoneros, feministas, iglesias, etc. El mérito indiscutible de este capítulo son los datos estadísticos reflejados en los cuadros [p. 370, 373] que confirman el aumento de protestas durante la presidencia de Hugo Chávez. Las principales razones del descontento eran tanto las dificultades económicas, como las contradicciones políticas. El auge de esta lucha fue el fallido intento de golpe de Estado de abril de 2002. A su vez, durante el gobierno de Nicolás Maduro grandes convulsiones sociales se explican por el declive de la actividad económica, el descontento con la situación material, lo que se convirtió en el factor dominante en las protestas públicas. El autor confirma el deseo de los gobiernos bolivarianos de expulsar de la política pública a las organizaciones independientes y de controlar los sindicatos. Al mismo tiempo, la mayor presión fue sobre las organizaciones catalogadas “traidoras a la patria” por recibir el financiamiento internacional [p. 388]. También se formaron estructuras paralelas, que fueron reconocidas para reemplazar a los sindicatos tradicionales, sin embargo, sin mucho éxito. Así, la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (UNITE), fundada por las autoridades, no confirmó su lealtad: en 2019 (una vez publicado el libro) reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Sin embargo, en actualidad la sociedad civil en Venezuela sigue siendo débil. Para participar más activamente en los procesos políticos, según la justa opinión de M. López Maya, es necesario fortalecer los vínculos de las organizaciones sociales entre sí y entre ellas y las organizaciones políticas, lo que permitiera la cristalización de un movimiento nacional amplio y fuerte. Al mismo tiempo, no se han creado suficientes plataformas unificadoras. Sin embargo, merecen ser mencionados el Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL), la Plataforma Nacional de Conflicto (PNC) y el Diálogo Social, formados en 2018. Desde el punto de vista de la autora, un elemento imprescindible para el desarrollo democrático de Venezuela serían compromisos por parte de actores políticos para restituir la libertad de la asociación y de garantizar la autonomía de organizaciones sociales en general y de las sindicales en particular. Se reconocen como positivas las modalidades participativas como las mesas técnicas y los consejos comunales. ¿Tendrán estas medidas un efecto en la formación de una sociedad civil competente? La experiencia del Pacto de Punto Fijo de 1958 firmado por las principales fuerzas políticas, que ha consolidado las “reglas del juego” democráticas, suscita dudas al respecto. El capítulo sobre el lugar y el papel del sector privado en la economía venezolana fue escrito por Claudia Curiel Leidenz, una de las economistas y analistas más experimentadas del país, con amplia experiencia tanto en la administración pública, como en la enseñanza universitaria. La autora ofrece un análisis detallado del proceso de transformación del papel de la empresa privada y del capital privado que dejan de ser la fuerza motriz del mercado y adquieren una función subordinada a la matriz socioeconómica del “socialismo del siglo XXI”. El problema de los errores y defectos del modelo de desarrollo implementado por Hugo Chávez y Nicolas Maduro ha sido estudiado detalladamente en varias investigaciones, pero el mérito de este capítulo se debe a la argumentación y a las conclusiones basadas en el amplio material estadístico, así como en un análisis profundo de la evolución de la regulación de las normas y de las leyes que determinan la actividad económica. El lector se convence que la ruptura de las relaciones constructivas, principalmente con las empresas nacionales, fue uno de los errores clave que provocó la crisis económica y predeterminó la catástrofe actual. (Vale la pena de recordar la conocida advertencia que Fidel Castro le hizo a Hugo Chávez durante uno de sus primeros encuentros: no se debe reñir con el empresariado nacional y convertirlo de aliado en enemigo). Dado que el libro reseñado es un intento de proponer una salida del impasse político y económico actual, las más interesantes son las propuestas de la autora que se concentran en el concepto de productividad, estrechamente ligado al de la competitividad del país [p.460]. Sin la competitividad no puede haber productividad (es decir, alta productividad). Es muy interesante el método para determinar la posible estructura sectorial económica óptima que permita aumentar la productividad. Junto con el economista Jorge Hernández, se propone un modelo de relaciones entre los sectores, donde se distinguen cuatro grupos de las ramas según el nivel y la dirección de las relaciones de producción intersectoriales (método que se asemeja al balance intersectorial) [p.462]. Asimismo, se proponen cambios importantes en la legislación que eliminen la burocratización excesiva de la economía y devuelvan la eficiencia de los mecanismos de mercado. Sin embargo, surge el problema, ¿dónde se puede conseguir los recursos para tal restructuración económica? Dentro del país ya no queda capital suficiente y la atracción de la inversión extranjera se complica debido a los enormes riesgos. La investigadora propone una privatización a gran escala parecida a las reformas neoliberales de los años 1990en la propia Venezuela y en otros países latinoamericanos. Sin embargo, no se propone el mecanismo para restablecer la confianza hacia el país conocido por su política muy hostil hacia las empresas extranjeras durante los últimos 20 años.

El capítulo final escrito por quizás el mejor experto en el sector energético de Venezuela Orlando Ochoa podría ser de interés para mayor cantidad de especialistas, ya que examina detalladamente las características clave del desarrollo del sector de hidrocarburos en las últimas décadas, contiene una gran cantidad de datos únicos en su género. Para el lector ruso es muy interesante el programa detallado para restaurar la industria petrolera. Desde ya hace varios años, Orlando Ochoa, junto con otros destacados expertos, líderes de la industria y representantes de diversas fuerzas políticas, ha desarrollado un plan de las reformas reflejado en algunas iniciativas legislativas al respecto presentadas a la Asamblea Nacional. El autor propone dos escenarios para recuperarla industria, cada uno de los cuales se calcula detalladamente desde el punto de vista de la necesidad de inversiones y de rendimiento esperado. El escenario base supone aumentar la producción a 2,3 millones de barriles diarios para el año 2025, es decir, duplicarla en comparación con el año 2019 [p.514]. El escenario de máximo esfuerzo prevé un crecimiento a 2,55 millones de barriles diarios durante el mismo período [p.522]y requiere $ 55 mil millones de inversiones, el de base, $53,6 mil millones, lo que es mucho menos que la cifra convencional de $ 150 mil millones, pero el problema clave sigue siendo conseguir inversiones necesarias. La respuesta se encuentra en la mencionada reforma energética que debe liberalizar significativamente las actividades de las empresas extranjeras. O. Ochoa propone medidas concretas: aumentar la parte máxima de una empresa extranjera conjunta con PDVSA; flexibilizar las obligaciones de vender parte del petróleo producido al Estado; permitir que las empresas privadas comercialicen productos petrolíferos, etc. [pp.505-511]. También se señala con razón la necesidad de poner en orden el sistema de gestión de la industria y de PDVSA, cuya ineficacia, lamentablemente, se ha convertido en la comidilla del pueblo. O. Ochoa se refiere también el problema complicado de la participación de empresas rusas y chinas en la futura reforma de la industria de hidrocarburos. El autor comparte un enfoque pragmático, según el cual la tarea de atraer inversiones es prioritaria y no puede ser resuelto sin la participación de China y Rusia [p.528]. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo ¿hasta qué punto las nuevas autoridades de Venezuela – de llegar al poder – podrán implementar en práctica un enfoque pragmático, superando las obvias diferencias políticas entre la oposición y la posición rusa? Al resumir la reseña del trabajo, se puede llegar a la conclusión de que sus autores perciben el tránsito democrático en Venezuela como un escenario inevitable, a pesar de que el régimen de Nicolás Maduro por el momento sigue controlando la situación, mientras que la oposición está muy dividida. Tampoco se puede excluir que el gobierno postchavista puede ser una autocracia con derechos y libertades restringidas. Después de leer el estudio, no queda claro qué mecanismos podrían ser utilizados para lograr la transición. Las recomendaciones formuladas son eficientes en el caso de la hipotética restructuración, pero no ayudan a resolver la polarización existente. Finalmente, no se analizan la posición de los principales actores internacionales, sus relaciones con el gobierno bolivariano, las fuerzas de orden, la oposición, los círculos empresariales y la sociedad civil. El análisis de estos problemas, sin duda, enriquecería el libro y lo haría más multifacético. Sin embargo, estas observaciones críticas de ninguna manera influyen en la impresión más favorable sobre el estudio que se caracteriza por un análisis profundo, objetivo y escrupuloso de diferentes aspectos de la complicada situación venezolana. Los autores lograron evitar el tono didáctico y explican los fenómenos complicados con un lenguaje comprensible no solo para los profesionales, sino también para un lector común y corriente.


Resenhistas

Zbigniew W. Iwanowski – Ruso, Coautor. Doctor titular (Politología), profesor, Jefe del Centro de Estudios Políticos del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia (ILA ACR). Profesor titular de la Facultad de procesos globales Universidad Estatal M.V. Lomonósov de Moscú. E-mail: [email protected]

Dmitry V. Razumovskiy – Ruso, Coautor. Ph.D (Economía) Director del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia (ILA ACR). E-mail: [email protected]

Dmitry M. Rozental – Ruso, Coautor. Ph.D (Historia) Vicedirector del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia (ILA ACR); Profesor asociado del Departamento de economía mundial y de relaciones internacionales Universidad Nacional de Investigación – Escuela Superior de Economía. E-mail: [email protected]


Referências desta Resenha

Instituto para las Transiciones Integrales (IFIT). (Org). Elementos de una transición integral e incluyente en Venezuela: una visión desde lo local, 2020. Resenha de: IWANOWSKI, Zbigniew W.; RAZUMOVSKIY, Dmitry V.; ROZENTAL, Dmitry M. Revista Izquierdas, 50, 2021. Acessar publicação original [DR/JF]

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